La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) se compone de más de 43 mil entidades sociales, las que en 2022 han generado más de 2 millones de empleos directos e indirectos en España. Además, la facturación de dichas empresas representa el 10% del PIB español. 43 mil empresas que se ocupan de varios de los mayores retos que afronta nuestra sociedad, en particular en materia de integración social y empleabilidad. Sin embargo, según el Consejo de la UE aún podemos hacer mucho para que la economía social siga desarrollándose a nivel europeo. “Debemos aprovechar el gran potencial que nos brinda para mejorar nuestra respuesta ante los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y velar por que nadie se quede atrás.”
Es por ello que el pasado octubre, los ministros de la UE acordaron la ‘Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social’, con vistas a promover la inclusión social y el acceso al mercado laboral. Es decir, apoyar y proteger a las entidades sociales de la UE, cuyo principio fundamental es anteponer las personas, así como los fines sociales o medioambientales, a los beneficios. A la vez que la economía social contribuye al mercado laboral y a la inclusión social, también fomenta el desarrollo de capacidades y promueve un desarrollo socioeconómico e industrial justo y sostenible, mejorando la cohesión social y territorial.
En esta Recomendación, que es la primera que el Consejo ha adoptado sobre la economía social, en concreto se aconseja a los Estados miembros que implanten medidas que respalden a las entidades sociales a la hora de:
- Facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente para grupos vulnerables o infrarrepresentados.
- Fomentar la inclusión social ofreciendo servicios sociales y asistenciales accesibles y de alta calidad.
- Estimular el desarrollo de capacidades, en particular aquellas que sean necesarias para las transiciones digital y ecológica.
- Promover la innovación social y un desarrollo económico sostenible.
Las entidades de la economía social aspiran a lograr objetivos sociales y medioambientales, en lugar de simplemente a obtener beneficios, por ello su acceso a la financiación suele ser más difícil. Por tanto, el Consejo de la UE anima a los Estados miembros a que faciliten el acceso de dichas entidades a la financiación pública y privada, también haciendo el mejor uso posible de los fondos de la UE.
Asimismo, la economía social da trabajo a 13,6 millones de personas en Europa actualmente, procurando empleos inclusivos y de calidad, promoviendo la cohesión social y territorial, impulsando la innovación social, a la vez que potencia la doble transición ecológica y digital. Estas medidas impulsan directamente los pilares europeos de derechos sociales y los objetivos sobre empleo, capacidades y reducción de la pobreza.
En definitiva, al haberse alcanzado el pasado 9 de octubre un acuerdo político, ahora la Recomendación se adoptará formalmente en una próxima sesión del Consejo. Una vez adoptada la propuesta, los Estados miembros dispondrán de dos años para adoptar o actualizar sus estrategias nacionales en materia de economía social.
El valor de la pequeña empresa familiar frente a las grandes entidades
Por otro lado, el tamaño de las entidades sociales es otro dato destacado del Informe ‘Las empresas más relevantes de la economía social’ 2022-2023 de CEPES. Según indica, el 39% de la muestra analizada son microempresas, mientras que el 34% son pequeñas empresas y solo el 17% tiene un tamaño medio y un 10% son grandes empresas. Lo que se traduce en que la mayoría de empresas sociales en España son pymes, al componer el 73% de la muestra. Aunque, por desgracia no todas las pymes españolas son entidades sociales, a pesar de la gran aportación que hacen a la sociedad generando cerca de dos tercios del total del empleo en enero de 2023 (en total casi 17 millones de puestos creados).
Las pymes desempeñan un papel fundamental en la economía española y ostentan un peso mayor en nuestro país que en el conjunto de la UE, de hecho, representan el 99,8% de las empresas españolas. Aún así, no todas deciden convertirse en una entidad social porque muchos de los desafíos que afrontan día a día imposibilitan que se desvíen del foco del beneficio económico y se centren en la lucha sostenible. Las características y tamaño de estas empresas provocan que tengan que hacer frente a retos específicos que necesitan ser abordados para empujar la competitividad de la economía española y fomentar el desarrollo y la creación de empleo. Problemas como la poca financiación que reciben o la falta de innovación y digitalización, que hacen resaltar la necesidad actuaciones e inversiones específicas que les permitan afrontar los retos a los que se enfrentan. Es por eso que esta Recomendación del Consejo de la UE supone un gran avance para el sector social español, amparando a las entidades de la economía social (en su mayoría pymes y micropymes) en su lucha por una realidad más sostenible y justa, a la vez que basada en la igualdad y el bienestar social.
Desde el nacimiento de Fundación Hazloposible, hemos apoyado a todas las entidades sociales que con valentía se enfrentan a los desafíos globales que vivimos actualmente, además de los retos particulares que conlleva emprender y gestionar una empresa. Es por ello, que ofrecemos multitud de servicios que se centran en apoyar a los agentes de la economía social, algunos como:
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